SER examina a fondo el futuro Fondo del Deporte de Curazao

WILLEMSTAD – El Consejo Económico y Social de Curazao (Sociaal-Economische Raad, SER) ha remitido este lunes 1 de diciembre de 2025 un dictamen formal al ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte (OWCS), Sithree “Cey” van Heydoorn, sobre el proyecto de decreto nacional, de carácter reglamentario, que debe fijar el marco jurídico del llamado Fondo del Deporte de Curazao.

Con este decreto, el Gobierno pretende dotarse de un marco jurídico y administrativo claro para determinar cómo se recaudan, distribuyen y rinden cuentas los recursos públicos destinados al deporte. El fondo está llamado a reforzar la función social del deporte —desde las canchas de barrio hasta el alto rendimiento— y a apuntalar políticas públicas en los ámbitos de la salud, la cohesión social y el desarrollo del talento. El texto en estudio define, entre otros aspectos, los objetivos del fondo, los requisitos de acceso para los solicitantes, los procedimientos de evaluación y las obligaciones de información y transparencia.

El proyecto se apoya en la Ley del Fondo del Deporte de Curazao (P.B. 2021, núm. 120) y busca vincular de forma estructural la financiación del deporte a ingresos legalmente afectados. Entre ellos destaca una aportación del 3% procedente del sector del juego, prevista en la Ley de Juegos de Azar (LOK), que se recauda a través de la Autoridad del Juego de Curazao y debe ingresarse en el fondo. Esta vía se suma a los presupuestos existentes para deporte y a la histórica figura del recargo especial sobre la gasolina. El Fondo del Deporte funcionaría, así como un eje que articula distintos flujos de financiación pública para el deporte bajo un único marco de solicitud, adjudicación y rendición de cuentas.

En su dictamen, el SER analiza el fondo propuesto a lo largo de tres grandes ejes. En primer lugar, realiza un examen jurídico. El Consejo revisa la base de delegación que ofrece la ley del Fondo del Deporte, la relación entre la norma parlamentaria y el decreto ejecutivo, la coherencia interna del articulado y su encaje en el conjunto del ordenamiento de Curazao, incluidas la Ley de Contabilidad Pública de 2010 y la normativa de gestión financiera. La cuestión central es si las reglas previstas se mantienen dentro del mandato del legislador formal y si las decisiones sobre concesión de ayudas pueden adoptarse de forma jurídicamente revisable y compatible con el Estado de derecho.

En segundo lugar, el SER lleva a cabo un análisis presupuestario y de riesgos. El dictamen examina el origen de los recursos —ingresos del juego, recargo sobre la gasolina y fondos generales—, el impacto presupuestario a medio plazo y la sensibilidad de estos ingresos a la evolución económica. Sobre la mesa aparecen riesgos clásicos asociados a fondos públicos: acumulación de saldos no ejecutados, doble financiación de proyectos y flujos de dinero poco transparentes al margen del control parlamentario y del escrutinio público. El Consejo se detiene también en los mecanismos de control interno: el reparto de competencias entre el ministro, la comisión gestora y el secretario del fondo, así como la manera en que se organizarían el seguimiento, los informes y las auditorías dentro del sistema ordinario de gestión financiera del Estado.

El tercer eje se centra en la dimensión socioeconómica y de política pública. El SER sitúa el Fondo del Deporte en un contexto marcado por el rápido envejecimiento de la población, una alta prevalencia de enfermedades crónicas y un aumento sostenido del gasto sanitario. El dictamen analiza de qué manera el deporte y la actividad física —mediante proyectos específicos en barrios, clubes y centros educativos— pueden contribuir a la mejora de la salud, al fomento de la participación social y a la productividad laboral, además de reforzar la cohesión comunitaria. El Consejo se pregunta también si un fondo específico puede funcionar mejor que un mosaico de subvenciones dispersas y qué tipo de indicadores, sistemas de seguimiento y evaluaciones periódicas serían necesarios para garantizar que el uso del dinero público sea verificable con el tiempo.

El SER enmarca su trabajo en un concepto amplio de bienestar: el progreso no se mide solo en términos de crecimiento económico, sino también de bienestar social, calidad del entorno y desarrollo sostenible. Desde esa óptica, el Fondo del Deporte se contempla como una herramienta para lograr que el gasto público en deporte —y, por extensión, en salud y cohesión social— sea más transparente, previsible y sometido a control. El Consejo recorre toda la cadena: desde la base legal de la ley, pasando por el desarrollo detallado en el decreto y su integración presupuestaria, hasta la aplicación práctica en los barrios, en las organizaciones deportivas y en otras entidades solicitantes.

En su dictamen dirigido al ministro Van Heydoorn, el SER evita pronunciarse sobre si el Fondo del Deporte debe adoptarse exactamente en la forma que se ha diseñado hasta ahora. En lugar de ello, plantea las que considera las preguntas clave que el Gobierno tiene que responder: ¿está el fondo jurídicamente habilitado para hacer lo que la norma pretende?, ¿es sostenible la financiación a medio plazo? y ¿la arquitectura propuesta genera de forma demostrable valor público? Esa triple mirada —legalidad, sostenibilidad fiscal y eficacia socioeconómica— constituye el núcleo del análisis del SER y, a juicio del Consejo, debería orientar los siguientes pasos del Ejecutivo en torno al futuro Fondo del Deporte de Curazao.